Guernica

"Los más influyentes de los catastrofistas eran los antiguos partidarios de Alfonso XIII 

y del general Primo de Rivera. 

Estos monárquicos alfonsinos, 

con su revista Acción Española 

y su partido Renovación Española, 

fueron el estado mayor y 

el baluarte económico de la extrema derecha".

Paul Preston

República Reformista

En el combate por la historia. Pág 57.

La guerra civil española continúa retumbando en demasiados rincones de nuestro país. No parece que la sociedad española haya sido capaz de perdonar y olvidar. La página del asalto al poder, por la fuerza, de un grupo de golpistas al frente de una parte del ejercito, sigue sin haberse pasado. El terror de la guerra aún perdura en innumerables signos que se mantienen en España.

El pasado día 26 se conmemoró el 70 aniversario de la destrucción de la localidad vasca de Guernica por la aviación nazi. La República no solo fue atacada por el ejercito sublevado sino que también lo fue por el contexto internacional ya fuese activa o pasivamente. Según describe Ángel Viñas en una obra sobresaliente titulada “En el combate por la historia” de la cual es editor y autor de alguno de sus capítulos, Hitler decidió apoyar a Franco el 25 de julio de 1936[1]. A penas siete días desde que éste se sublevará contra la sociedad democrática española. Mientras los golpistas recibían el apoyo explícito de las potencias fascistas de la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, la Europa democrática constituía el “Acuerdo de No Intervención en España” promovido por París y con sede en Londres, a este acuerdo se adhirieron en un mes, desde agosto de 1936, el resto de los gobiernos europeos excepto Suiza[2].

La República española estuvo abocada a su derrota en la guerra de 1936 casi desde su principio. El inmediato apoyo fascista al ejercito sublevado con la vista puesta en movimientos estratégicos posteriores que evitasen cualquier apoyo democrático a Francia desde el sur en una futurible invasión por parte alemana.

La no intervención aliada, lo que dejaba huérfana de apoyo democrático a la República y la tardía e insuficiente aportación soviética allanaron el camino a un ejército rebelde que contó con la sofisticación de la Cóndor y la captación de carne de cañón abundante africana. En la guerra se cifra que del lado de los sublevados lucharon 187.000 extranjeros, del lado de la República 36.000. Según historiadores el número de aviones soviéticos que participaron fueron de 648, sumando italianos y alemanes la cifra fue de 1.518. La obra referida con anterioridad da a conocer al lector datos contrastados que dejan a las claras que la República se encontró en todo momento en desventaja a la hora de la defensa de la democracia frente al fascismo.

Guernica supuso un icono que ha trascendido al tiempo y que perdurará, muestra de la barbarie con la que el fascismo golpeó a la sociedad civil. Un campo de batalla, preparatorio para lo que estaba por sufrir una Europa que no apoyó a la República en su defensa de la democracia.

El presente de un país no debe mantener signos que celebren el horror que provocó en la ciudadanía más de cuarenta años de anormalidad institucional. Los físicos aún perduran, placas, estatuas, nombres de calles, plazas, pueblos, en honor de aquellos que privaron a España de su libertad y sus derechos. A pesar de la existencia de una Ley que los prohíbe. Esos desaparecerán, aunque solo sea por la erosión que les provoque el paso del tiempo. Lo triste es que en una sociedad moderna, democrática, como la española continúe habiendo una gran cantidad de personas, algunas con bastante poder, herederas de aquellos violentos, que mantengan las ideas de éstos bajo una pátina de falsa democracia.

Fotografía original disponible en:

http://www.behance.net/gallery/El-Arte-de-la-Guerra/8481471

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[1] Viñas, A. Los apoyos exteriores, palancas de la victoria y de la Derrota. En el Combate por la historia. Madrid 2012. Pasado y presente.

[2] Moradiellos, E. La no intervención, una farsa política y diplomática. En el Combate por la historia. Madrid 2012. Pasado y presente.

El mismo café para todos

“Aunque las regiones autonómicas estaban

 en la Constitución de 1931 sin distinción ninguna entre ellas,

 sólo se llegan a dos, la de Cataluña y el País Vasco

 debido al escaso tiempo que estuvo en vigencia. 

En 1936 sólo había dos regiones autónomas. 

Sin embargo, con esta Constitución, la de 1978, 

no ha sido así, aunque he de decir que jugaron

 un papel muy importante las preautonomías”[1].

Manuel Clavero Arévalo

Ministro para las Regiones

Gobierno de Adolfo Suárez 1977

La cuestión sobre qué es España, quiénes y en qué condiciones la componen no quedó cerrada de forma definitiva con la transición. Los españoles no hemos sido capaces aún, treinta y seis años después, de delimitar, en cuanto a diseñar, el aspecto autonómico de forma que establezcamos de manera definitiva un techo eficiente al poder delegado, transferido.

La transición española, ejemplo, según no han parado de repetirnos por si en algún momento los españoles pudiéramos dudar de su éxito, en el mundo democrático, supuso para España, no cabe duda, un extraordinario avance respecto a que los ciudadano fueron capaces de dotarse de una herramienta para organizarse y convivir sometidos a una Ley que protegiese sus Derechos Fundamentales.

La hemorragia se taponó dejando cuestiones que aunque no críticas, sí muy importantes, sin tratar. Descartada la “La constitución Gades”[2]; el acuerdo de Perpiñán; el emergente voto socialista y su defensa de la autonomía andaluza; los diálogos entre partidarios de la autonomía y los de la descentralización administrativa; el inevitable contexto convulso. El resultado estableció un ambiguo Artículo 2 de la Constitución española de 1978: “La Constitución (…) reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.

La falta de concreción dejó la puerta abierta a la continua evolución de las competencias autonómicas lo que han utilizado los gobiernos democráticos que no han contado con mayoría absoluta, o sí, para recibir el apoyo de los partidos nacionalistas en el Congreso de los Diputados a cambio de ir otorgando contrapartidas en pos de engordar su cartera de competencias. El poner tope a esa forma de creación de Estado “bajo cuerda” por una y otra parte debe ser el próximo y definitivo paso que nuestros representantes aborden, para a partir de ahí construir sobre una base de estabilidad.

El diseño deberá poner punto y final, en los aspectos fundamentales, punto y final, a un continuo goteo en el mercadeo político. La ciudadanía en tanto receptora de servicios y principal vía de aportación financiera de las instituciones que la gobiernan deberá resultar beneficiada en cuanto a la obtención de un trato de igualdad. Igualdad por arriba con la fijación de un límite que ponga fin a la posibilidad de una siguiente reivindicación. Lo difícil es llegar al acuerdo, el poner nombre a los acuerdos, saltar el Rubicón de la reforma constitucional, o no. ¿Es necesario reformar la Constitución española de 1978 para reformar el Estado de las Autonomías?. 

La frase “café para todos” que se atribuye a Manuel Clavero Arévalo debería actualizarse, el mismo café para todos. Hasta el momento el café de unos está más aguado que el de otros. Artículo 14 de la Constitución “Los españoles son iguales ante la Ley”, otra inexactitud.  

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[1] “A pesar de unos excesos, no me arrepiento del café para todos”. Diario de Sevilla. 28/02/2012.

[2] Juliana, E. “Así empezó el café para todos”. La Vanguardia. Opinión. 23/01/2011.

Tras la partida del rey

Tras la partida del rey, la proclamación de la República y la convocatoria

 de un gobierno provisional para elecciones a Cortes Constituyentes (…) 

Todos los que respaldaban la República compartían una gran esperanza:

que el nuevo régimen pudiera proporcionar un sistema político 

eficiente y honesto, basado en ideales de justicia social,

y capaz de sustituir al régimen corrupto y a veces represivo,

 que había predominado hasta entonces.

Jackson, G.

Juan Negrín

Médico, socialista y jefe del Gobierno de la II República española

Editorial Crítica. Pág. 17

Desde Atenas con el ágora y la participación directa, intensa y excluyente (no toda persona tenía derecho a la participación en la misma, ni mujeres, ni esclavos formaban parte de la ciudadanía), hasta nuestros días con una democracia donde aunque el pueblo se entiende soberano, no gobierna directamente sino a través de representantes elegidos, eso sí mediante sufragio universal. Que aunque pueda parecer que es algo conseguido hace mucho tiempo solo se necesita mencionar que Nueva Zelanda fue la primera democracia que incluyó a la mujer en el censo de votantes en 1893 y que un país como Suiza no lo hizo hasta 1971. La participación ciudadana es intrínseca a la democracia, en sus diferentes formas de producirse, aumentando la primera según avanza la segunda. 

Samuel Huntington describe en tres períodos diferentes, él los llama "olas democratizadoras", la ampliación de las democracias en el mundo.  Al hilo de dicho aumento hay que hacer también referencia a qué es democracia y qué requisitos debe tener un país para considerarlo democrático. Al respecto no existe un consenso absoluto de cómo medir los niveles de democracia en los diferentes Estados. Los principales observatorios marcan unos mínimos sobre la base de los cuales debe cimentarse una democracia, tener un gobierno basado en la mayoría con el consentimiento de los representados, sufragio universal de los adultos, elecciones regulares llevadas a cabo en términos de voto secreto, ausencia de fraude electoral masivo, acceso público de los principales partidos políticos a través de los medios de comunicación para conocimiento general por parte del ciudadano de sus propuestas. Aún así hay autores que defienden la democracia como un concepto dicotómico, se es democracia o no se es democracia, no caben situaciones intermedias y por lo tanto en su idea de democracia no tienen cabida esas interpretaciones de si un país es muy democrático u otro es poco democrático. Desde el punto de vista de La Ciencia Política entendiendo la participación política como algo necesario para la producción de gobiernos, representación y legitimidad de los mismos respecto de los representados, se debe entender que una alta abstención debe considerarse como fallo en el sistema democrático representativo.

Cada época y cada situación debe ser estudiada con la precaución de que se producen en circunstancias diferentes y que en tanto diferentes, por un motivo o por otro la participación de la ciudadanía será diferente. Unas veces por prohibición como veíamos en el ágora ateniense, o como también se refleja con la restricción de sufragio que se produce en la concepción liberal de las democracias a final del s. XVIII y casi todo el s. XIX. Hoy en día los movimientos neoliberales defienden que no es necesaria una masiva participación de la ciudadanía en la política, entendiendo que el individuo tiene su ámbito de actuación en el mundo de la empresa y de la vida privada. Puede tener sentido aquí retrotraerse en el caso concreto de España a los diferentes períodos electorales donde tanto en el ámbito periodístico como de partidos políticos  se argumenta que hay partidos que mejoran sus resultados cuanta menos participación haya en los comicios. En contraposición a la participación mayoritaria de la ciudadanía en las democracias representativas existen autores que ven en el término democracia un mero truco de prestidigitación, puesto que son unas élites minoritarias las que se encargan de gobernar a las mayorías evitando convertir la relación entre ambas, minorías y mayorías, en vasos comunicantes que solo abrirán sus compuertas cada cierto tiempo para que el ciudadano ejerza su derecho a voto.

La sociedad debe exigirse a sí misma que quien le representa sea alguien a quien poder pedir explicaciones por cómo actúa en esa representación. Alguien, que por tanto, el ciudadano otorgante de la representación debe conocer de primera mano y tener la posibilidad de ir a visitar a su escenario para preguntarle a cerca de lo hecho o dejado de hacer. En las listas que se encuentra a la hora de ejercer el derecho a voto apenas si conoce a los nombres que se sitúan en los dos o tres primeros puestos de la misma. Los integrantes de esas listas deberían representar directamente a demarcaciones como ocurre en otros países. Antes de ser añadido a esa lista ha debido pedir el voto al ciudadano en persona y explicar qué es lo que se compromete a realizar si el ciudadano le da su voto. Será como representante cuando tenga que cumplir su palabra para que la confianza del ciudadano en él lo mantenga en su puesto.

La democracia existe en tanto que el ciudadano propietario del poder otorga éste a sus representantes para que estos lo ejerzan en su nombre debiendo responder en todo momento de sus actuaciones. No tiene sentido en este momento que la cúspide del Ordenamiento Jurídico de un país democrático, La Constitución, contenga preceptos en los que se alude a la irresponsabilidad del Jefe del Estado. “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad” (Art. 56.3 CE). La madurez de la ciudadanía española debe hacer que ésta se desprenda de cualquier tutela política carente de representación en tanto impuesta y modificar La Constitución en aquellos aspectos que vulneran gravemente su Artículo 14. Su consecuencia más directa, el cambio de régimen. La III República de España debe representar el punto final a la transición en nuestro país tras la partida del rey.

Salvo prueba en contrario

La Presunción de Veracidad

El pasado jueves 3 de abril una nueva expresión se incorporó al vocabulario del común de los mortales, la presunción de veracidad. Hasta entonces lo más parecido con lo que habíamos tratado era la presunción de inocencia.

Un Estado de Derecho debe caracterizarse por el cumplimiento de las Leyes que lo sustentan. No debería haber aquí una clasificación que midiese de cero a diez, siendo este último la plena Democracia en tanto máximo cumplimiento de las Leyes y el cero ausencia total de ella por el nulo cumplimiento de las Normas. No, el cumplimiento de las Leyes aprobadas democráticamente por los representantes de los ciudadanos es Democracia, el no cumplimiento, la ausencia de ella. No hay en esto notables altos, o aprobados raspados.

La presunción de veracidad tiene su fundamento legal en el Artículo 137.3 del Capítulo II de los Principios del Procedimiento Sancionador de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de RJAPAC “Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados”. Esto lo deja igualmente claro el máximo interprete de la Constitución, así el Tribunal Constitucional en Sentencia 040/2008 indica al respecto “La denuncia de una infracción es el cometido testimonial de unos hechos apreciados por los sentidos; y cuando la denuncia dimana de un agente de la autoridad, rige la presunción de veracidad”.

Expuesta la Norma,  el comportamiento de una persona lo determina su experiencia. Los hechos producidos en el pasado hacen al sujeto adquirir conocimientos que lo llevan a actuar de una manera u otra dependiendo del análisis realizado tras conocer las consecuencias que esos comportamientos tuvieron. La expresidenta de la Comunidad de Madrid y actual Presidenta del Partido Popular en Madrid, Esperanza Aguirre, pudo haber olvidado, aunque con posterioridad argumentó en su descargo que se trataba de su coche particular, que no estaba en un acto oficial y que el coche que utilizaba tampoco lo era. El estacionamiento en zona prohibida es causa de infracción. Ante un Juez, el testimonio de un funcionario con condición de autoridad prevalecerá frente al administrado que haya sido denunciado. Estacionar en carril-bus, desatender las indicaciones del agente, derribar una motocicleta de la policía, que el coche policial circule en paralelo al denunciado indicándole que se detenga y ésta no lo haga, todo ello en la vía más importante de la capital, deberían ser circunstancias suficientes como para que el Juez que conozca de los hechos imponga a la denunciada la misma sanción que al común de los mortales. Esto es algo tan importante que la Constitución lo incluye en su Artículo 9.3 “La interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.

Que las Normas se apliquen a todos los ciudadanos por igual, en definitiva, que las Leyes se cumplan, hará que la sociedad que se dotó de ese Régimen sea Democrática. De lo contrario no es que se de una mala Democracia o una Democracia con lagunas, es que no habrá Democracia. 

Salvo prueba en contrario.