“Aunque las regiones autonómicas estaban
en la Constitución de 1931 sin distinción ninguna entre ellas,
sólo se llegan a dos, la de Cataluña y el País Vasco
debido al escaso tiempo que estuvo en vigencia.
En 1936 sólo había dos regiones autónomas.
Sin embargo, con esta Constitución, la de 1978,
no ha sido así, aunque he de decir que jugaron
un papel muy importante las preautonomías”[1].
Manuel Clavero Arévalo
Ministro para las Regiones
Gobierno de Adolfo Suárez 1977
La cuestión sobre qué es España, quiénes y en qué condiciones la componen no quedó cerrada de forma definitiva con la transición. Los españoles no hemos sido capaces aún, treinta y seis años después, de delimitar, en cuanto a diseñar, el aspecto autonómico de forma que establezcamos de manera definitiva un techo eficiente al poder delegado, transferido.
La transición española, ejemplo, según no han parado de repetirnos por si en algún momento los españoles pudiéramos dudar de su éxito, en el mundo democrático, supuso para España, no cabe duda, un extraordinario avance respecto a que los ciudadano fueron capaces de dotarse de una herramienta para organizarse y convivir sometidos a una Ley que protegiese sus Derechos Fundamentales.
La hemorragia se taponó dejando cuestiones que aunque no críticas, sí muy importantes, sin tratar. Descartada la “La constitución Gades”[2]; el acuerdo de Perpiñán; el emergente voto socialista y su defensa de la autonomía andaluza; los diálogos entre partidarios de la autonomía y los de la descentralización administrativa; el inevitable contexto convulso. El resultado estableció un ambiguo Artículo 2 de la Constitución española de 1978: “La Constitución (…) reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.
La falta de concreción dejó la puerta abierta a la continua evolución de las competencias autonómicas lo que han utilizado los gobiernos democráticos que no han contado con mayoría absoluta, o sí, para recibir el apoyo de los partidos nacionalistas en el Congreso de los Diputados a cambio de ir otorgando contrapartidas en pos de engordar su cartera de competencias. El poner tope a esa forma de creación de Estado “bajo cuerda” por una y otra parte debe ser el próximo y definitivo paso que nuestros representantes aborden, para a partir de ahí construir sobre una base de estabilidad.
El diseño deberá poner punto y final, en los aspectos fundamentales, punto y final, a un continuo goteo en el mercadeo político. La ciudadanía en tanto receptora de servicios y principal vía de aportación financiera de las instituciones que la gobiernan deberá resultar beneficiada en cuanto a la obtención de un trato de igualdad. Igualdad por arriba con la fijación de un límite que ponga fin a la posibilidad de una siguiente reivindicación. Lo difícil es llegar al acuerdo, el poner nombre a los acuerdos, saltar el Rubicón de la reforma constitucional, o no. ¿Es necesario reformar la Constitución española de 1978 para reformar el Estado de las Autonomías?.
La frase “café para todos” que se atribuye a Manuel Clavero Arévalo debería actualizarse, el mismo café para todos. Hasta el momento el café de unos está más aguado que el de otros. Artículo 14 de la Constitución “Los españoles son iguales ante la Ley”, otra inexactitud.
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